Medio Ambiente

Las antenas de telefonía en Bahía Blanca: nueva regulación…

Durante la sesión del HCD del jueves 12 de julio asistimos a la sanción por “unanimidad” del proyecto de ordenanza que refiere a la instalación de antenas de telefonía en nuestra ciudad. Sin dudas que se trató de una jornada accidentada, con presencia de vecinos y ongs que se encuentran en contra de su instalación.

La nueva ordenanza n° 19382, que deroga a la anterior n° 17130 regula las condiciones y exigencias técnicas para que las empresas de telefonía puedan instalar nuevas antenas en diferentes sectores. Establece, además, prohibiciones en terrenos aledaños a escuelas, clubes  y otras instituciones.

“Queda prohibida la instalación de todo tipo de estructuras soporte de antenas para telefonía celular en inmuebles donde funcionen:

  1. a)    Establecimientos educacionales de cualquier nivel.
  2. b)    Centros de Salud en todas sus escalas.
  3. c)    Hogares, Centros de Día y/o asilos de niños, ancianos o discapacitados.
  4. d)    Centros de ayuda a pacientes oncológicos”. 

 Sin embargo, la ordenanza establece solo criterios para la colocación de los soportes para las antenas. Efectivamente queda ausente el debate ambiental, la afectación de la salud de las personas, el cuidado de todos.

Surgen, así, diversos puntos de análisis que se desprenden de esta ordenanza.

Sin dudas que la mayor preocupación para la ciudadanía radica en la afectación de la salud. En este sentido el municipio traslada la responsabilidad de los controles a los niveles provinciales y nacionales. Así en el artículo 14 de la citada ordenanza podemos leer:

 “En caso de mediar denuncias o ante sospechas sobre inadecuadas condiciones de funcionamiento de un sistema irradiante, el municipio elevará la denuncia al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y al Ente Nacional de comunicaciones.

Autorizase el Departamento Ejecutivo a suscribir convenio con el ENACOM o quien lo reemplace en su futuro y con el  Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, para que periódicamente se realicen mediciones específicas de modo de asegurar el cumplimiento de los límites de exposición previstos en la actual normativa”. 

Específicamente el municipio cede la potestad de controlar el nivel de emisiones, constituyendo un claro retroceso en materia de prevención de la salud de todos los habitantes.

¿El ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) regula entonces la actividad, y también realiza las mediciones? ¿Acaso no sería oportuno que el municipio “colabore” con el ENACOM e informe a partir de mediciones y controles propios de cualquier desviación? ¿Por qué renunciar a este control cuando la sociedad civil reclama el compromiso e interés del municipio?

Respecto al perjuicio sobre la salud de las personas, investigaciones y documentos a nivel global así lo confirman.

Ya en el 2004 se publicaba en la revista “Umwelt-medizin-gesellschaft” un informe sobre la influencia de la cercanía de una antena de telefonía móvil sobre la incidencia del cáncer.

“El resultado del estudio determinaba que la probabilidad de que aparecieran nuevos casos de cáncer era significativamente mayor en los pacientes que habiendo estado viviendo durante los últimos 10 años en solares situados a una distancia menos a 400 metros de antenas de telefonía móvil, comparados con otros pacientes que habían vivido más alejados. Además los primeros enfermaban a una edad promedio de 8 años más joven”.

Recientemente el Instituto italiano Ramazzini ha publicado un nuevo informe en el que, no solo apoya los resultados del Programa Nacional de Toxicología de EE. UU, sino que ha dado un paso más:

“Los investigadores, dirigidos por la autora del estudio, la Dra. Fiorella Balpoggi, están haciendo un llamado a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer para que reevalúe su postura sobre el potencial cancerígeno de este tipo de radiación en humanos”.

Otros expertos se han hecho eco de las preocupaciones de los investigadores. El Dr. José Domingo, Profesor de Toxicología y Editor en Jefe de Investigación Ambiental, declaró: “Este importante artículo de una de las instituciones más aclamadas de su tipo en el mundo proporciona una nueva e importante adición a la literatura técnica que indica fuertes razones para preocuparse por la radiación electromagnética proveniente de estaciones base o torres celulares”.

El Dr. David O. Carpenter, ex decano de la Facultad de salud pública de la Universidad de Albany, manifestó que este estudio muestra que los que viven cerca de torres celulares deben estar preocupados. Solicitó a los gobiernos que tomen medidas para reducir la exposición a las emisiones de las torres de telefonía móvil y que se aseguren de que no se coloquen cerca de hospitales, escuelas u hogares.

Expresó también que sería un gran paso ver a las agencias de salud pública educar al público sobre las formas de reducir su exposición no sólo a la radiación de las torres celulares, sino a todas las fuentes de radiación de radiofrecuencia inalámbrica peligrosa, como Wi-Fi en las escuelas y los teléfonos celulares.

Finalmente el principio de precaución impone en caso de duda científica razonable sobre la posibilidad de que determinada actividad pueda producir un daño grave o irreversible al medio ambiente, demorar, limitar o impedir transitoriamente la actividad propuesta hasta adquirir seguridades científicas sobre la existencia o no de tales peligros o sobre la capacidad de responder frente a la eventualidad de su existencia.

Así podemos leer en el portal de la Defensoría del Pueblo Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo siguiente:

“Numerosos estudios científicos demuestran que la exposición de los seres vivos a las radiaciones no ionizantes puede ser nociva, particularmente si se prolonga a lo largo del tiempo. Como referencia, en 2011 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) -un departamento de la Organización Mundial de Salud (OMS)- declaró a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como un Carcinógeno Clase B, es decir, un “posible agente causante de cáncer”.

¿Más claro?…

 

Fuentes:

HCD Bahía Blanca

Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba

Defensoría del Pueblo Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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