Por Eduardo J. Vior (*)
Ante la recesión en la que se hundió la economía argentina en los últimos meses, el gobierno de Cambiemos deposita grandes esperanzas en que los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y con los países de la Cuenca del Pacífico revitalicen nuestro crecimiento. Dado el perfil agroexportador del Sur de la Provincia de Buenos Aires podría verse con buenos ojos que el país pueda exportar su producción primaria a Europa y a Asia Oriental. Sin embargo, cuando uno analiza cuidadosamente los más recientes acuerdos internacionales de libre comercio, resulta aconsejable ser sumamente prudente, para que el remedio no sea peor que la enfermedad.
El mes de abril cerró con una inflación mensual del 6.7%, la más alta desde 2002, y con tasas de interés bancario del 38% que imposibilitan el acceso al crédito y profundizan la recesión, estimada en los cuatro puntos porcentuales bajo cero para este año. Esta situación derivó en una abrupta caída en los niveles de empleo, agravada por una inflación que no da tregua. De este modo el estrechamiento de la demanda se combina perniciosamente con la falta de crédito para la producción y el comercio.
La decisión tomada por las autoridades económicas nacionales de abrir el régimen de importaciones preocupa a una industria en crisis, sin que el gobierno esté aplicando medidas compensatorias que palíen en alguna medida la situación. Por otra parte, a la caída de las exportaciones por la crisis brasileña y la reducción del crecimiento de China se le ha sumado un tarifazo en los principales servicios públicos que ha disparado los costos de las pequeñas y medianas empresas. Este enorme aumento en los precios de los servicios públicos y los combustibles ha absorbido asimismo las ganancias que los productores agropecuarios habían obtenido a principios de año gracias a la supresión y/o disminución de las retenciones sobre las exportaciones y la devaluación del peso.
Esta combinación de variables dibuja el cuadro de una economía que no crece ni puede crecer tampoco, porque las empresas no se pueden equipar ni tomar créditos para competir adecuadamente y, al aumentar el déficit comercial junto con el de la balanza de pagos por el inmenso endeudamiento externo, el Estado se priva de los medios para fomentar el crédito productivo. Si se añade la perspectiva de un plan de ajuste que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya prevé, debe contarse con cuatro años más de crisis de la economía regional, por lo menos hasta que el precio mundial de las commodities repunte.
Suponiendo que llegaran los créditos internacionales en los que los gobiernos nacional y provincial depositan todas sus esperanzas, tampoco es previsible que alteren sustancialmente la situación de la provincia, porque su interés principal se dirigirá al fomento de la exportación sojera y minera, o sea a las vías de comunicación entre el Noroeste y los puertos del Litoral. Aun las deseadas inversiones en energías renovables pierden sentido si se piensa en un mercado interno en retracción y, por lo tanto, con menor consumo de energía.
En este contexto los gobiernos nacional y provincial apuntan al avance de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para el cierre de un acuerdo de libre comercio. Sobre el mismo dialogan ambos bloques desde hace veinte años, pero recién en los últimos tiempos han fijado una agenda de negociaciones. Desde el inicio el principal obstáculo para un acuerdo está dado por el capítulo agrícola. Especialmente los países europeos exportadores de lácteos, carnes, aceite, conservas de la pesca y vinos (Francia, Italia, España y Portugal) son los más enérgicos defensores del proteccionismo de la política agraria y pesquera comunes de la Unión Europea.
A fin de abril la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, anunció en una conferencia de prensa el “avance” hacia un esquema de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que tendrá su “primera ronda de negociación en Montevideo en junio próximo”, pero admitió que “se trata de una negociación ”muy sensible“ por el esquema de subsidios ”muy fuertes“ de los europeos y reconoció que tal vez ”no se pueda ganar en todos los mercados“. O sea, que ya está preparando al público para que suframos una dura derrota, al abrir sin compensaciones las importaciones a bienes y servicios europeos, pero sobre todo a un endurecimiento del régimen de patentes y licencias que cerraría a nuestros productores e innovadores la brecha actual en la que combinan métodos y procedimientos productivos para mantener su tasa de ganancia.
En el contexto internacional actual las negociaciones entre la UE y el MERCOSUR cobran además un nuevo significado por las recientes revelaciones de Greenpeace sobre el contenido de las negociaciones entre los europeos y Estados Unidos para firmar el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por la sigla en inglés). Como lo expresó el pasado 26 de abril el Ministro español de Asuntos Exteriores José L. García Margallo, «si lo hacemos en paralelo [firmar ambos tratados], podremos cerrar el Atlántico, crear un área de libre comercio en todo el Atlántico, incluyendo países tan importantes como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay». Sin embargo, si se tiene en cuenta que en las negociaciones dadas a publicidad por la organización ecologista se establece que la Casa Blanca tendría la facultad reguladora de última instancia en los conflictos entre corporaciones internacionales y los estados europeos, debe concluirse que todo lo que los países del MERCOSUR acuerden con la Unión Europea quedará, finalmente, dependiente de lo que el Presidente de los Estados Unidos arbitre. Por vía indirecta estaremos sometiéndonos a un acuerdo transatlántico que no negociamos ni firmamos.
Los acuerdos de libre comercio no son buenos ni malos por sí mismos, sino dependiendo de la relación de fuerzas de mercado entre los firmantes y de sus estipulaciones. En la situación económica mundial, regional y nacional actual es desaconsejable firmar acuerdos multilaterales de libre comercio, porque tenemos muy poco poder de negociación. Mucho más recomendables aparecen los acuerdos bilaterales en materias específicas que preserven nuestra autonomía en el manejo de las tecnologías y nos permitan negociar los precios. Aun en condiciones de menor crecimiento, China tiene una economía de tamaño y complejidad suficiente, como para negociar ventajosamente la venta de determinados productos agropecuarios elaborados y semielaborados. También Rusia sigue necesitando nuestros productos e incluso países latinoamericanos como Bolivia, cuya economía sigue creciendo, requieren inversiones en tecnologías y logística en las que la economía argentina puede competir. No se trata de blanco o negro, sino de inteligencia y voluntad de defender la producción y el comercio nacionales.
(*) Eduardo J.Vior – Analista internacional – Reside en la Ciudad de Buenos Aires – ejvior@gmail.com